No es un secreto que el reciente aumento de las tarifas eléctricas en Chile afectará a los hogares más vulnerables. A pesar de que Chile cuenta con una estrategia de transición socioecológica “justa”, parece ser que los costos de ésta continúan recayendo en quienes más sufren los impactos de la generación energética y en aquellos que menos posibilidad tienen de costearla. Entonces ¿Dónde está la raíz del problema energético nacional?
Según el Banco Mundial, el 2020 el 99,8% de los chilenos tenía acceso a electricidad, en línea con el BID, que el 2021 señaló que Chile es territorio fértil para la generación de riqueza energética renovable. Sin embargo, el IPM (Índice de Pobreza Multidimensional que mide las condiciones de vida más allá de los ingresos) de la encuesta CASEN 2022, nos dice que casi el 17% de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad. Aterrizando estas cifras con nuestro tema: cuando los hogares deben destinar gran parte de sus ingresos a cubrir los costos de la energía -como calefacción eléctrica-, hablamos de pobreza energética.
Si consideramos que el SIC está siendo sobreutilizado por la minería (que monopoliza el 35% de la electricidad total del país según la CNE), vemos que la distribución de cargas y beneficios no es equivalente por el daño y riqueza que genera; y la balanza tiende a privilegiar a la industria. Esta lógica es la raíz de la pobreza energética, evidente en la destrucción de territorio en Quintero-Puchuncaví, Mejillones, Lota-Coronel; y conflictos entre empresas y pueblos enteros y las mismas comunidades; entre otros.
Chile se comprometió en la COP25 a alcanzar un 70% de uso de energía renovable para el 2030. En esa línea, el debate sobre la energía en nuestro país alcanzó velocidad y visibilidad. En función de los desafíos globales y los compromisos internacionales se han desarrollado distintas estrategias, tanto para una transición energética como para una transición justa, esta última poco realista y mal ejecutada.
El gobierno, las empresas y la sociedad civil deben trabajar juntos para diseñar políticas que promuevan la equidad energética. Una cooperación público-privada podría capacitar a la fuerza laboral en nuevas tecnologías y creación de empleos verdes, por ejemplo.
Finalmente, el alza de las tarifas es una oportunidad para integrar una perspectiva económica, social y medioambiental, a la construcción de soluciones, las cuales pueden incluir mejoras en la eficiencia energética de las viviendas, fomento de proyectos de energía comunitaria y desarrollo de programas educativos. Hoy, la justicia energética no es sólo una cuestión de equidad social, sino una necesidad imperativa para el desarrollo sostenible.
